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Según el legislador porteño del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, la empresa contratada por el Gobierno de la Ciudad verificará la "presencia de asentamientos precarios producto de personas en situación de calle. En vez de abordarlo con políticas sociales lo hacen con prácticas persecutorias, como durante la dictadura o la UCEP de Pepín Rodríguez Simón", expresó.
